Sin lugar a dudas, no deja a nadie por sorpresa la definitiva desintegración del Ministerio de la Mujer en nuestro país vecino. Podríamos decir crónicas de una muerte anunciada por parte del plan de gobierno de Javier Milei. Si bien el gobierno contempló una subsecretaría mientras cerraba el ministerio, argumentando que este fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, la existencia de superposición de funciones y crítica a la concreción de resultados en prevención de los feminicidios, quisiera destacar una pregunta implícita que nos ha dejado el caso argentino: ¿es necesario que exista el Ministerio de la Mujer?, ¿existirá otro organismo que pueda hacer estas tareas de manera más eficiente? y, en última instancia, ¿de quién es el deber de velar por los derechos de la mujer?
Existen en la actualidad países en donde no existe Ministerio de la Mujer, de igual forma han incorporado los temas de género y derechos de las mujeres en sus marcos legales e institucionales, como lo es el caso de Finlandia, que posee una Oficina de Igualdad de Género; Noruega, que tampoco tiene un ministerio dedicado a la mujer, pero cuenta con una Unidad de Igualdad de Género dentro del Ministerio de Cultura; y Suecia, que no cuenta con un Ministerio de la Mujer, pero tiene una Oficina de Igualdad de Género dentro de la Oficina del Primer Ministro.
Según el reporte de este año, el Foro Económico Mundial situó el índice global de brecha de género. Finlandia ocupa el segundo lugar (87,5%), Noruega el tercero (87,5%) y Suecia el quinto puesto, con un (81,6%), ocupando los primeros cinco puestos de la brecha de género. Claramente, Chile y Argentina están lejos de esta deseada realidad. No sabemos si esta nueva ruta llegará a lograr mejores resultados o no; sin embargo, abre una profunda reflexión sobre los medios para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Los ejemplos de otros países como Finlandia, Noruega y Suecia pueden servir de inspiración.
La responsabilidad de velar por los derechos de las mujeres no puede recaer únicamente en el Estado. Es un deber de toda la sociedad, incluidas las propias mujeres, asumir un papel activo en la exigencia y defensa de sus derechos. Solo a través de este compromiso colectivo se podrán alcanzar avances significativos y sostenibles en materia de igualdad de género a través del tiempo.
